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Telecom: hora de la acción pública

He sostenido, por empíricamente demostrado, que la conectividad, la consolidación y la cobertura se han desarrollado con éxito en América Latina, más por la visión de la política pública que por la acción regulatoria. Siete casos de éxito en Brasil, Colombia, Perú, Chile, Argentina, Costa Rica y Uruguay comprueban que objetivos comunes, trabajo transversal de la administración pública y un sólido instrumento de planeación pueden hacer avanzar a un país, incluso sin cambios legislativos ni reformas constitucionales drásticas. Los resultados de la política pública en estos países han sido casi inmediatos y todos se encuentran con una penetración de entre 110 y 146 dispositivos móviles por cada 100 habitantes. México sólo tiene 87. Esos países han llevado conectividad a áreas rurales, y en casos como Brasil somos testigos de consolidaciones verticales de gran calado que no asustan al regulador, sino que lo llevan a analizar el mercado e imponer condiciones a las empresas.


En México enfrentamos un complejo debate regulatorio que terminó en una de las más controvertidas legislaciones en la materia. La actuación de la nueva autoridad, el IFT, ha sido inmediata y técnica, aunque con frecuencia se le presiona política y mediáticamente, como en el tema de la portabilidad numérica, aunque no es el único caso.

Lo cierto es que el mercado ya se regula y contamos, por primera vez, con tres jugadores de talla mundial: Telefónica, AT&T y América Móvil. Ninguno de ellos es pequeño, ingenuo y sin recursos para invertir. Todos deben incrementar sus inversiones, diseñar planes comerciales atractivos para el consumidor, procurar una mejor atención al cliente y ofrecer más calidad de servicio y más cobertura.

En los próximos meses, la agenda regulatoria del IFT pondrá más temas sobre la mesa, pero, si todo sale bien, la regularidad de su actuación deberá ser cada día más técnica y discreta, como es la práctica internacional.

Por lo tanto, ahora es el turno de la administración pública, el Gobierno y el Congreso de avanzar de la mano en temas como la eliminación del impuesto a las telecomunicaciones y el diseño de política pública para cumplir el mandato constitucional de avanzar en el derecho programático de acceso a las TIC y la política de inclusión digital universal.

Sin embargo, permanecen desafíos en el sector. Se advierte que en México existe un pobre ambiente de negocios e innovación, este último un componente prácticamente olvidado de la reforma constitucional. Sin políticas públicas ni un ambiente regulatorio óptimo, la innovación (un rasgo definitorio de las telecomunicaciones actuales y la economía digital) se convierte en letra muerta o el País asume el riesgo de perder competitividad porque otras naciones sí ofrecen las oportunidades de invertir, comercializar servicios de valor agregado, crear start-ups, converger servicios, consolidar empresas y, en general, propiciar condiciones de negocios que estimulen la economía, creen empleos basados en la información y el uso de TIC, contribuyan a la inserción de los países a la Sociedad de la Información y el Conocimiento y contribuyan a lograr los objetivos de política pública de reducir la pobreza, acortar la brecha digital y las desigualdades sociales.

Hay que considerar que el bajo nivel educativo limita el aprovechamiento de las TIC por parte de la población. A pesar de que el Gobierno ha regalado laptops, tabletas e incluso televisores digitales, lo anterior no garantiza mejores aprovechamientos educativos si las tecnologías carecen del software y herramientas educativas para el desarrollo de habilidades no sólo digitales, sino de emprendimiento, creatividad y pensamiento crítico.

Por el momento, no hay suficientes indicios de que las TIC y los programas gubernamentales de acceso y equipamiento tecnológico estén teniendo impactos significativos en la economía o la sociedad, lo cual se refleja en la débil capacidad de innovación de las empresas y la pequeña parte de la fuerza laboral del País empleada en actividades intensivas en conocimiento.

En materia regulatoria, el IFT ya actúa con prudencia, responsabilidad y sin obsequiarnos ninguna resolución escalofriante que paralice al sector, aunque sobre él se ejerce una formidable presión política y mediática. La acción de inconstitucionalidad del Senado en contra de los lineamientos de portabilidad del IFT es un claro ejemplo de las deficiencias del proceso legislativo y de los riesgos de un sistema judicial "no independiente", que favorezca a las empresas demandantes que no buscan ampliar cobertura ni conectar a los desconectados sino quitar líneas a otros operadores.

Es el momento de la política pública federal, local y municipal. México necesita de una poderosa visión y ejemplar articulación transversal del trabajo para hablar en serio de ciudades inteligentes y seguras, servicios públicos digitales, comercio y salud móvil, inclusión digital y financiera.

Por ello resulta acertado y estimulante el nombramiento de Mónica Aspe como Subsecretaria de Comunicaciones de la SCT. Lo anterior significa el triunfo de la política pública sobre la improvisación. El periodo de los reclamos al mercado terminó, es tiempo de la acción pública.

Escrito por: susana, el: 2015-05-11 09:55:04 | Volver
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