Radios comunitarias, las desprotegidas de la reforma telecom

La reforma al sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión abre la puerta para que los gigantes de la radio puedan ingresar a nuevos mercados en grupo o en solitario y a negocios históricamente ambicionados por este sector, como al proceso de adjudicación de las dos nuevas cadenas de televisión digital abierta, licitación al que algunos radiodifusores ya confirmaron su intención de participar. Pero la nueva legislación, tanto las modificaciones constitucionales, como las reformas a una docena de leyes reglamentarias del rubro, deja en la indefinición a las radios comunitarias e indigenistas, ahora denominadas por la ley como “medios sociales”.


Como aspecto positivo, la reforma al sector reconoce en la legislación la figura de radio comunitaria, lo que brinda certidumbre jurídica a estas emisoras, pero como factor negativo, envía a éstas a transmitir por anchos de banda, si los hay disponibles, que son costosos de operar, que nadie escucha o cuyas transmisiones no serán captadas por los nuevos aparatos de radio recepción.

Los proyectos de ley obligaban en un principio que las radios comunitarias no tuvieran mayor potencia de alcance de cobertura que 20 Watts, el equivalente a poco más dos manzanas de una colonia o un kilómetro a la redonda desde su punto de origen.

También sanciona con mayor seriedad al ciudadano o grupo de ellos que de manera irregular comiencen a operar una de estas frecuencias. La ley perfila que la sanción para este delito tenga más peso para quien lo cometa, que para quien sea condenado por el delito de trata.

La reforma reconoce en la industria de la radiodifusión (televisión y radio) cuatro ordenamientos para categorizar a las emisoras de radio: comerciales, privadas, públicas y para uso social, éstas últimas deben tener como fin el fomento de los aspectos culturales, educativos, científicos o los valores de su comunidad.

Se les prohíbe además conseguir financiamiento privado, es decir, comercializar su tiempo aire, luego que las modificaciones establecen que deberán mantener sus operaciones con las aportaciones que el Estado les canalice. En este sentido, la reciente legislación determina que el 1% del gasto anual del gobierno federal, así como el 1% del presupuesto de los gobiernos estatal y/o municipal debe ir al financiamiento de las radios comunitarias o indígenas.

El financiamiento que el gobierno debe mantener para estas emisoras brinda la seguridad de que contarán con un sustento económico para sus operaciones, pero podría comprometer su libertad de expresión. Tampoco existe certeza de que los recursos federales lleguen con celeridad y en su totalidad a estos organismos, pues el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) no ha emitido aún los mecanismos que reordenen la actividad de las radios comunitarias, coincidieron expertos.

La Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, la CIRT, mantuvo una intensa actividad durante la discusión de la reforma telecom para que las radios comunitarias no contaran con la posibilidad de comercializar sus tiempos. La industria argumentó que al ser de objeto social, las comunitarias y las indígenas no deben lucrar con las señales del espectro radioeléctrico por las que transmiten.

Permitirles esta acción, vulnera a la industria, había venido argumentando la CIRT, pues los radiodifusores invierten en el despliegue de redes, generan fuentes de empleo, además de que deben pagar una contraprestación por el aprovechamiento del espectro bajo su concesión.

Escrito por: susana, el: 2014-09-04 12:44:52 | Volver
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