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¿Quién se beneficia de la Ley en Telecomunicaciones?

Hace un año se realizó la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y hasta ahora se terminaron las negociaciones y acuerdos para hacer realidad la legislación secundaria que vuelve operativa la norma establecida en la Constitución, lo que indica la enorme complejidad de la negociación por la presencia de intereses empresariales y políticos, con sus propios arreglos y complicidades, metidos en este tema.


A pesar de que se tardaron un año, legisladores, gobierno federal y empresarios en negociaciones, consultas y construcción de escenarios para legitimar y presentar la legislación secundaria, es de apreciar que el tiempo fue corto si consideramos que, en este tema, en una ocasión tardaron casi treinta años para presentar la legislación secundaria, lo que, como hoy sucede, benefició a las empresas metidas al más promisorio negocio de nuestros días: la comunicación.

En México, empresarios y políticos saben que tienen una dependencia mutua y que por tanto deben poner a salvo sus propias conveniencias. Pero esta relación no siempre fue así. Alguna vez el gobierno tuvo la intención de establecer un control rígido, en particular, de la radio y la televisión.

El gobierno de Gustavo Díaz Ordaz planteó que estos medios deberían aportar al fisco el 30 por ciento de sus utilidades y entregar al Estado para la transmisión de mensajes gubernamentales, el 25 por ciento de su tiempo. El proyecto se discutió en el legislativo y como es obvio, se enfrentó a la oposición de los empresarios que se resistieron a esta política que recortaba en proporción significativa sus tiempos de lucro e incrementaba los controles del Estado.

Entre los muchos efectos del movimiento estudiantil de 1968, debemos anotar la negociación que los empresarios realizaron para apoyar al gobierno de Díaz Ordaz, el con fin de ocultar y desvirtuar los acontecimientos violentos que se suscitaron principalmente en la Ciudad de México, entre julio y octubre, y privilegiar las actividades culturales y deportivas de la Olimpiada México 68 organizadas por nuestro país.

El arreglo al que llegaron los empresarios con el gobierno consistió en disminuir los tiempos de transmisión del Estado para que quedaran en 12.5 por ciento y que esta transmisión se tomara como el pago en especie de sus impuestos. Por su parte, Vicente Fox decretó que los tiempos fueran solo del 2.5 por ciento, lo que significó, para la radio y la televisión, el incremento en los tiempos susceptibles de comercialización.

Hoy la alianza de políticos y empresarios se refrenda, todos los políticos salen beneficiados y todos los empresarios incrementarán sus negocios a través de la diversificación y la multiplicación de sus canales. Para el público, sólo existe la migaja de la disminución en las tarifas por concepto de larga distancia, lo que beneficia marginalmente a los usuarios particulares de telefonía móvil y fija, pero sobre todo ayudará a las empresas a incrementar sus negocios al avanzar en interconectividad.

En realidad, el “beneficio” es una estrategia para alinearse a la tendencia mundial de desaparición de la larga distancia dentro de los países como medida para que las empresas multipliquen sus negocios. Es un hecho que la Internet volvió obsoleta la comunicación telefónica a larga distancia. No está lejos el día en que la tendencia avance a la comunicación internacional.

El discurso del beneficio para el público es un engaño; las empresas habían disminuido sus ingresos por este concepto. Nadie les arrebató nada y en cambio recibirán la oportunidad de obtener más concesiones y reconvertirse a canales multimedia, disfrutando un mercado cautivo al que la competencia externa puede entrar con limitaciones.

Las empresas dominantes en la industria de las telecomunicaciones seguirán siéndolo y el gobierno mantiene abierta la ventanilla de la negociación política al despojar al Instituto Federal de Telecomunicaciones de las facultades que los legisladores le habían otorgado en la reforma Constitucional que ahora burlan para entregar a la Secretaría de Gobernación la facultad de argumentar y llamar a cuentas a los empresarios por los “contenidos” que no sean satisfactorios para su visión de gobierno.

Los legisladores que se prestaron a la maniobra en su momento recibirán su recompensa y muy probablemente sea en especie, como la mejoría en su imagen para que se ubiquen en mejores oportunidades para escalar en la política y acceder a los puestos de elección popular, que es donde pueden lucrar a discreción. Lo dicho, todos ganan y las alianzas permanecen y se fortalecen. Para terminar. Nada será cambiado en la Cámara de Diputados. Todos participan de la mascarada.

Escrito por: susana, el: 2014-08-12 16:43:58 | Volver
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