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Los claroscuros de la reforma de telecomunicaciones

En las leyes secundarias de telecomunicaciones, que fueron aprobadas por el Congreso de la Unión, contenidos en televisión, medios comunitarios, regulación, privacidad y portabilidad son las aristas que especialistas y políticos consideran mal o poco legisladas. En menos de una semana (del 4 al 8 de julio), el Senado de la República y la Cámara de Diputados aprobaron un paquete de reformas que serán trascendentales para la industria de las telecomunicaciones y, sobre todo, la relación de los clientes con las compañías proveedoras de servicios de telefonía, Internet, entretenimiento e información (radio y televisión).


Para Manuel Bartlett Díaz, senador por el Partido del Trabajo, las leyes secundarias de telecomunicaciones son una “involución porque en lugar de ir para delante va hacia atrás”.

Bartlett Díaz, quien fue gobernador de Puebla y secretario del Gobernación por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), dijo en entrevista vía telefónica que el objetivo de las televisoras es: “informar en los términos de la Constitución e informar de manera adecuada con verosimilitud” cuestión que, desde su punto de vista, no se garantiza.

“No está muy claro cuáles son los controles que va a tener el órgano regulador para que los contenidos de la televisión abierta sean de mayor calidad”, dijo Agustín Ramírez, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi).

Otra crítica a la reforma se establece en el tema de los medios comunitarios y en la imposibilidad de que puedan comercializar sus propios espacios.

“Las radios y televisiones comunitarias en otros países representan un incentivo para generar una mayor diversidad y pluralidad de contenidos y para atender a las poblaciones locales que no tienen acceso a otras fuentes de información”, dijo Gabriel Sosa Plata, analista en telecomunicaciones.

La vulneración de la privacidad es otra arista, opinó Alejandra Barrales, senadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Barrales, presidenta de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado, dijo que la reforma permite a cualquier autoridad solicitar la información de los usuarios a un particular.

Además, “obligar a los empresarios a guardar información durante 24 meses de los usuarios particulares viola el derecho a la privacidad y está en contra de lo que establecen los organismos internacionales de derechos humanos. Ellos establecen como máximo seis meses”, dijo la senadora.

La influencia que puede ejercer una empresa sobre el regulador es otra preocupación que existe entre los especialistas como Ernesto Piedras, director de la compañía estratégica The Competitive Inteligente Unit.

Ernesto Piedras recordó un ejemplo en particular. “En el sexenio de Fox hubo un secretario que era jubilado de Telmex. Esos son riesgos y problemas que no se pueden prever o eliminar”.

Escrito por: susana, el: 2014-07-11 09:58:22 | Volver
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