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Legislación secundaria es contraria a la reforma en telecomunicaciones: Amedi

La Asociación Mexicana de Derecho a la Información aseguró que la legislación secundaria sobre telecomunicaciones enviada ayer por el Ejecutivo al Senado, va en contra de la reforma constitucional, y violenta la finalidad que le dio origen que consiste en defender los derechos fundamentales de libertad de expresión, derecho a la información, acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, así como generar condiciones para una efectiva competencia en los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones.


La Amedi que preside Agustín Ramírez advirtió que estas disposiciones el Ejecutivo invade facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones, “raya en lo absurdo al permitir que la Secretaría de Gobernación conserve la supervisión de los servicios de radio y televisión que son los contenidos y ni siquiera modifican las sanciones establecidas desde 1960, por su parte, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes pretende opinar de manera indebida sobre el programa de trabajo y los informes de labores del regulador”.

Calificó de aberrante que en materia de tiempos de Estado se quiera mantener la insana política de que Gobernación escuche previamente a los concesionarios y de acuerdo con ellos fije los horarios de transmisión.

Contraviene la disposición constitucional que ordena establecer en la Ley los derechos de las audiencias, así como mecanismos para su protección. “No basta enlistar un reducido catálogo de principios generales y mucho menos señalar que la promoción y defensa de dichas prerrogativas ciudadanas estarán en los códigos de ética de los concesionarios”.

Para la Amedi la iniciativa contiene una omisión grosera en lo que corresponde a los medios públicos, al desestimar los principios a que se refiere el artículo Décimo Transitorio, para que cuenten con independencia editorial; autonomía de gestión financiera; garantías de participación ciudadana; reglas claras para la transparencia y rendición de cuentas; defensa de sus contenidos; opciones de financiamiento; pleno acceso a tecnologías, y reglas para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales. Además de excluir en los medios de uso público a los de las Instituciones de Educación Superior.

En contra de la obligación legal de introducir un régimen favorable para el desarrollo de los medios públicos, comunitarios e indígenas, se les asfixia con requisitos discrecionales, propios de un sistema autoritario, además de prohibiciones para contar con fuentes de financiamiento; no introduce un mecanismo expedito para el otorgamiento de concesiones para los medios de uso social y les impone un régimen de acceso a las frecuencias inequitativo y arbitrario al ponerles las mismas condiciones que a los medios de uso público.

“En contra, se establece un régimen francamente entreguista para los medios comerciales, a los que se les otorgan incentivos en materia de publicidad, contenidos y multiprogramación, entre otras cosas, además de promover la subasta como mecanismo para decidir al ganador de una licitación, que mención al margen, ya fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

Al amparo de un supuesto cumplimiento constitucional, se introduce una regulación engorrosa de la concesión única, que promueve la prestación de servicios adicionales y convergentes sin delimitar con precisión los requisitos para su autorización, además de otorgarlas por 30 años de vigencia. Significa un grave retroceso que permitiría obviar los procesos de licitación para la convergencia de servicios.

Escrito por: susana, el: 2014-03-25 12:36:57 | Volver
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