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¿Por qué no hay luz verde para reformar las leyes secundarias?

Estamos a 10 de febrero y el gobierno no ha enviado al Congreso cuatro legislaciones secundarias de la mayor importancia para el país: las que tienen que ver con las reformas energética, de telecomunicaciones, de competencia económica y político-electoral. Cada una de éstas implica cientos de cambios en diversas leyes, si no es que la redacción de nuevos ordenamientos jurídicos. Más aún, como se ha insistido en mil y un espacios, de las legislaciones secundarias dependerán en gran medida si servirán o no las reformas aprobadas el año pasado. ¿Qué está pasando? ¿Por qué el gobierno no ha dado luz verde en lo concerniente a reformar las leyes secundarias?


Recordemos que los legisladores ya están en falta en las reformas de telecomunicaciones y de competencia económica. Cuando se aprobaron en mayo pasado, se dio un plazo perentorio de 180 días para aprobar todas las legislaciones secundarias relacionadas. El Congreso, sin embargo, violó esta obligación constitucional posponiendo, supuestamente para este periodo ordinario, este proceso. Las consecuencias han sido terribles, sobre todo para el sector de las telecomunicaciones. Sin legislación secundaria, existe mucha incertidumbre, incertidumbre que ha provocado, por un lado, la caída en las inversiones y, por el otro, que los grupos de interés involucrados estén enfrascados en una durísima confrontación para influir en el proceso legislativo. Urge, en ese sentido, que se aprueben lo antes posibles las reglas operativas para que haya certidumbre en materia de telecomunicaciones y competencia económica.

Ni se diga para la reforma más importante de todas: la energética. Mientras no haya legislación secundaria ninguna empresa podrá ni querrá invertir ni un centavo en el sector. Por lo que toca a la político-electoral, pues los consejeros del IFE lo han dicho con todas sus letras: mientras más tiempo pase sin tener la legislación secundaria, más peligran los comicios federales y locales del año que entra.

En suma, son muchos los cambios legislativos que tendrían que debatirse y aprobarse a la brevedad. Y resulta que el periodo ordinario del Congreso comenzó el primero de febrero y, diez días después, ni una de las cuatro reformas mencionadas ha comenzado a procesarse. Yo pensé, por ejemplo, que por lo menos un par de ellas serían enviadas por Peña como iniciativas presidenciales preferentes para que el Congreso estuviera obligado a hacerlas prioritarias y procesarlas en máximo un mes. Pero el Presidente decidió no utilizar este mecanismo legislativo de fast track. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Hay alguna estrategia para procesar los múltiples cambios en las leyes secundarias?

Twitter: @leozuckermann

Escrito por: susana, el: 2014-02-10 13:13:49 | Volver
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