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Infraestructura pasiva

Por Eduardo Ruiz Vega El despliegue oportuno de los medios de transmisión y demás elementos esenciales de las redes públicas de telecomunicaciones, ha enfrentado un sinnúmero de obstáculos, desde la apertura de este sector a la inversión privada, ocurrida hace más de dos décadas.

México, al igual que otros países con desarrollo similar, cuenta con un mercado de telecomunicaciones que adolece aún de suficiente penetración de servicios entre la población, así como de condiciones de competencia efectiva en la prestación de los mismos. El desarrollo de plataformas tecnológicas convergentes, que permiten la transmisión de todo tipo de comunicaciones de voz, datos y video de manera indistinta, cuyo ejemplo insigne es la red de redes o Internet, ha acentuado la importancia de buscar mecanismos que permitan desplegar redes de telecomunicaciones de alta capacidad, a lo largo y ancho del territorio nacional.



Durante años, el Estado Mexicano ha promovido el despliegue de redes inalámbricas, para reducir el déficit de servicios entre la población. Esta estrategia, correcta desde cualquier punto de vista, requiere de una nueva visión ante la necesidad de complementar las redes inalámbricas con redes fijas de fibra óptica de alta capacidad, indispensables para atender la incesante demanda de ancho de banda, que caracteriza el uso intensivo de las telecomunicaciones en nuestra época.

Como puede suponerse, la dificultad inherente a la instalación de redes de fibra óptica, en cualquiera de sus niveles, como sería el interestatal, los anillos metropolitanos y, sobre todo, la fibra directa al hogar, es muy superior a la del despliegue de redes inalámbricas (infraestructura que también es difícil de instalar en México).

La regulación local, a nivel municipal, en muchos casos impide la instalación de infraestructura básica y/o impone costos altísimos, por la vía de la recaudación, a esta actividad de interés público y social. Un reto conocido que no ha logrado vencerse, es conciliar la necesidad de aumentar nuestra capacidad para la prestación de servicios de telecomunicaciones, con la competencia que la Constitución otorga en materia de desarrollo urbano, a los miles de municipios del país.

La nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión define a la infraestructura pasiva como los “Elementos accesorios que proporcionan soporte a la infraestructura activa, entre otros, bastidores, cableado subterráneo y aéreo, canalizaciones, construcciones, ductos, obras, postes, sistemas de suministro y respaldo de energía eléctrica, sistemas de climatización, sitios, torres y demás aditamentos, incluyendo derechos de vía, que sean necesarios para la instalación y operación de las redes, así como para la prestación de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión”. La inclusión de este concepto en el marco legal que regula a estos servicios, denota un reconocimiento de la importancia que tienen los mismos para la satisfacción de los objetivos de política pública en la materia.

En virtud de lo anterior, el anuncio de los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ocurrido la semana pasada, en donde finalmente se pone en marcha la posibilidad de arrendar espacios en más de ocho mil inmuebles del patrimonio federal, resulta en extremo significativo. De manera señalada, y anhelada, el anuncio de estas dependencias federales, indica que además del catálogo de inmuebles se harán disponibles derechos de vía y ductos, para lo cual ya se trabaja. Enhorabuena.

Esperemos que la totalidad de este importante programa, liderado por el novel Subsecretario de Comunicaciones, Edgar Olvera, se encuentre rindiendo frutos antes de que concluya la presente administración. En este sentido, debemos recordar que meses antes de concluir la administración de Felipe Calderón, se anunció un programa similar, del cual sólo quedó constancia de la publicación de un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación.

Escrito por: susana, el: 2017-05-11 14:27:53 | Volver
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